El problema de adaptación de las ciudades al cambio climático también debe leerse como un problema de desarrollo, no sólo de tipo tecnológico o económico, ya que afecta sus múltiples dimensiones, empezando por la calidad de vida de las personas, plantea Andrea Lampis, profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes.
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En términos amplios, el problema del calentamiento global en relación con las ciudades tiene que ver con el hecho de que se juntan dos grandes presiones: el cambio en las condiciones del medio ambiente y los procesos de urbanización, aseguró el profesor Lampis, en una conferencia organizada por el Círculo Interdisciplinario de Temas ambientales (Cita).

En primer lugar, la modificación de las condiciones ambientales afecta, entre otras cosas, la provisión de servicios y de recursos ambientales y ecosistémicos (agua, energía, bosques, ríos, fauna, flora, aire, etc.). Por ejemplo, según estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), hacia el año 2050 Colombia habrá perdido el 78 por ciento de sus páramos –por los efectos del calentamiento global–. De la misma forma, se esperan cambios en los patrones de las enfermedades, así como efectos sobre la seguridad alimentaria.

En segundo lugar, se registra una presión ejercida por parte de las dinámicas del desarrollo que afectan y determinan los procesos de urbanización, inicialmente migración de tipo económico y crecimiento natural de las ciudades. En este momento cerca de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos (ONU-Hábitat).

En el caso de Colombia, con tasas de urbanización en promedio alrededor del 75 por ciento, la situación refleja una tendencia conocida desde hace varias décadas en América Latina. Tanto a nivel mundial como regional, dicha tendencia presenta una incidencia más alta en los grupos de población de bajos ingresos, que se concentran allí, principalmente por falta de opciones en relación con el precio de la tierra, de la vivienda, de los alimentos y por la existencia de mercado informales del trabajo.

Estos problemas se tornan, hoy en día, más agudos ya que el calentamiento global está generando una intensificación de los eventos naturales extremos en frecuencia y magnitud, advierte Lampis. En Bogotá, por ejemplo, se presentan lluvias muy fuertes y frecuentes, y fenómenos como las granizadas que, si bien existen desde siempre, van a producir mayores impactos a lo largo de las próximas décadas, en cuanto a deslizamientos de vertientes en zonas de riesgo.

En las zonas costeras, por su parte, se eleva la probabilidad de inundaciones, tsunamis y de registrar impactos paulatinos y relevantes como consecuencia del levantamiento del nivel del mar. Las tendencias de la epidemiología de los desastres, como muestran los datos del observatorio internacional de desastres (EM-DAT) de la Universidad de Lovaina (Bélgica), indican que las personas que registran mayores pérdidas relacionadas con fenómenos naturales pertenecen generalmente a los grupos de bajos ingresos y/o asentados en zonas críticas de las ciudades.

Para el investigador, mientras en los países ‘ricos’ el impacto de los desastres naturales presenta un perfil en el marco del cual se destacan más los daños que tienen que ver con los costos económicos -principalmente por los efectos sobre la infraestructura-, en los países en vías de desarrollo el impacto está más relacionado con la sostenibilidad de los medios de vida de las personas.

Es necesario tomar conciencia que la necesidad que tienen las ciudades de adaptarse al cambio climático debe ir más allá del enfoque de mitigación de los problemas y de la atención de emergencia cuando ya se hayan registrado.

La adaptación significa proveer soluciones de mejora para las zonas en condición de riesgo. Es urbanizar en zonas de menor riesgo, mejorar la provisión de servicios de infraestructura, mejorar los servicios de alerta y fortalecer la interacción entre la comunidad y las autoridades y, sobre todo, comprender que el desarrollo social es la mejor estrategia de prevención, puntualiza Lampis.

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