Protección del Patrimonio Subacuático
En enero de 2009 entrará en vigencia la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París en 2001, que suscitó intensos debates y cuyas conclusiones condujeron a la diplomacia colombiana a negarse a firmar ese instrumento jurídico internacional.
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En El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez narra que Florentino Ariza decidió un día lanzarse a la aventura de rescatar los galeones sumergidos de la Flota de Tierra Firme, integrada por no menos de doce bastimentos de diversos tamaños. Euclides, designado por Florentino como el cómplice perfecto para esa aventura, salió a flote con tantas pruebas de los naufragios, que ambos decidieron suspender la recuperación de objetos desperdigados entre los corales para, en su lugar, capitalizar una empresa a través de la cual pudieran rescatar el medio centenar de naves sumergidas en aguas de la Bahía de Cartagena.

Al margen de la imagen literaria de García Márquez, basada en un hecho histórico ampliamente documentado, evaluaciones de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) han calculado que la historia de la navegación marítima ha dejado alrededor de tres millones de naufragios, de diversas épocas y civilizaciones, esparcidos a lo largo y ancho de todos los mares del planeta. Entre los más notorios están la Armada Invencible de Felipe II, el Titanic, las 4.400 naves de Kublai Khan, las naves de Cristóbal Colón y los galeones españoles y portugueses hundidos principalmente en el Caribe, las Azores y en mares de Filipinas.

En el Caribe, mención particular merecen las embarcaciones Nuestra Señora de las Maravillas y Nuestra Señora de Atocha, hace pocos años recuperados de aguas de la Florida, en los Estados Unidos de América, después de intensas y prolongadas batallas judiciales.

El problema
La Convención de la Unesco define como patrimonio cultural arqueológico, de forma demasiado amplia, todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como sitios y estructuras, buques aeronaves y otros medios de transporte y su contenido, como también los objetos de carácter prehistórico.

Desde la invención de la escafandra, por Cousteau y Gagnan, hasta el descenso del Kaiko a 11.000 metros de profundidad y la exploración y recuperación de algunos artefactos del Titanic, los avances de la tecnología submarina han hecho posible la localización y rescate de los naufragios históricos.

La utilización de gases que combinan nuevos
componentes ha facilitado el buceo autónomo hasta 100 metros de profundidad, con lo cual ha quedado abierta, para los caza–tesoros, la posibilidad de expoliación y saqueo de algunos naufragios históricos, sin respeto a estándares mínimos de la arqueología, fenómeno denominado buceo pirata, bastante extendido por el mundo.

La Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 estableció un marco demasiado general en materia de patrimonio subacuático determinado, de un lado, por el reconocimiento de jurisdicción a los Estados ribereños para prohibir la remoción de objetos de su zona contigua y, del otro, por el reconocimiento de derechos preferenciales a los Estados de origen sobre objetos hallados en altamar.

En una tesis de doctorado en la Universidad de Gales, Anastasia Strati resumió muy bien los intereses relacionados con los naufragios históricos, relevantes para el derecho internacional: el Estado ribereño o costero; el Estado del pabellón del naufragio; el Estado del pabellón del navío; el Estado de origen, y, por último pero no menos importante, la comunidad internacional desde la cual diversas academias y organizaciones expresan un interés creciente por ese patrimonio, considerado a todas luces como un bien público que encierra valores compartidos y da testimonio de la historia y la cultura de las naciones.

Es en razón del valor cultural y arqueológico otorgado por las comunidades científicas nacionales e internacionales al patrimonio subacuático; del riesgo real y creciente de saqueos y expoliación sin respeto a estándares arqueológicos mínimos; de los vacíos del derecho internacional; de los diversos enfoques de las legislaciones nacionales, y de la diversidad y complejidad de las reivindicaciones de los países sobre los naufragios históricos que la Unesco se propuso, desde 1998, regular la protección del patrimonio subacuático.

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